Los encargados de la investigación del escándalo denunciado por Independiente por la corrupción de al menos un par de jugadores de sus divisiones inferiores, aseguran que esta denuncia caratulada como “abuso de menores y facilitación de abuso” y en la que está implicado el juez asistente de Primera División de la AFA Martín Bustos
y por quien, según la agencia Noticias Argentinas, ya se libró el
pedido de captura, puede ser la punta del iceberg de un problema muy
serio que afectaría a buena parte de las categorías juveniles del fútbol
argentino.
Joaquín
V., un futbolista integrante de la 4ª división de Independiente, quien
vivía en la pensión del club aún con 19 años debido a una lesión de
rodilla por la que se le prorrogó su contrato, se quebró en su charla
con el psicólogo de la institución y contó que colaboraba por dinero con
un grupo de proxenetas reclutando juveniles de las inferiores para que,
también por dinero, efectuaran favores sexuales a varones mayores de
edad, entre los que se encontraría el juez de línea de primera División
que hasta hace algún tiempo dirigía partidos de inferiores.
De inmediato, el coordinador de inferiores Fernando Berón y el encargado de la pensión Fernando Langenauer, realizaron la denuncia correspondiente y, en la mañana de ayer, ampliaron sus declaraciones ante la fiscal María Soledad Garibaldi en la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Avellaneda.
También declararon los chicos involucrados (serían 2 o 3), quienes
ahora deberán ratificar sus dichos ante cámara Gesell, pese a que ya se
adelantó que todos sus dichos resultaron “muy verosímiles”.
De
sus declaraciones quedaron implicados, además del futbolistas Joaquín
V., ya expulsado por Independiente, otros cuatro mayores de edad: el
juez asistente y abogado Martín Bustos (quien fue relevado de su designación del fin de semana, San Martín de Tucumán-Instituto),
Leonardo, Juan y Alejandro, residentes en distintas localidades: San
Isidro, La Plata, Sarandí y Palermo, para los que se dictó un pedido de
allanamiento. Extrañamente, los allanamientos y el pedido de detención
de Bustos, cuyo número de teléfono aparece en la
denuncia de Independiente, llegó recién a últimas horas del jueves.
Durante la jornada, estas medidas parecían inminentes, ya que la causa
que se investiga representa una pena de 30 años de prisión, por lo que
las autoridades temían la posibilidad de que alguno se diera a la fuga. Así parece ser el caso del árbitro, quien se encuentra prófugo de la Justicia.
Tras
los allanamientos en domicilios de su familia, Bustos no fue encontrado
por las autoridades. Lo que sí pudieron constatar es un dato a
destacar: el padre del referí tiene una condena por un caso de abuso sexual.
Diario Popular
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